CIVIS SIGUE PIDIENDO TRANSPARENCIA AL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INSERCIÓN SOCIAL (IRIS) Y, POR TANTO, LOS DATOS DE REALOJAMIENTOS EFECTUADOS POR ESTA INSTITUCIÓN

Octubre de 2005

Como continuación a la carta remitida por el Director-Gerente del Instituto de Realojamiento e Inserción Social (IRIS), remitimos, nuevamente, solicitud en la que pedimos los datos de realojamientos efectuados por esta institución.

El ciudadano debe estar informado de la gestión que realizan las administraciones públicas. Por norma general, los datos se ocultan de forma deliberada o, cuanto menos, se retrasa su entrega a los ciudadanos para que no puedan conocer de primera mano la gestión de las administraciones o instituciones públicas.
Este es el caso, presuntamente, que nos sucede con el Instituto de Reinserción e Integración Social (IRIS). Tras múltiples peticiones, siguen amparándose en peregrinas excusas con las que pretenden no darnos las cifras o datos que se les piden, por activa y por pasiva.

Esperemos que esta vez, al recibir nuestra solicitud, tengan a bien darnos esos datos con los que podamos hacer un estudio y conocer si se cumplen las normas, en concreto, las referentes a la distribución territorial y el equilibrio de los realojos en los distintos municipios y distritos de Madrid.

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EL DEFENSOR DEL PUEBLO INCICIA LAS ACTUACIONES OPORTUNAS ANTE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS TRAS LA QUEJA DE CIVIS POR EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL DE VILLAVERDE RESPECTO AL CONJUNTO DE MADRID

Octubre de 2005

El Defensor del Pueblo se pone de nuevo en comunicación con CIVIS para remitirnos la carta que os adjuntamos.

En ella, se nos comunica que una vez estudiada la queja, procede admitirla al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con los que dispone la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, que regula la institución del Defensor del Pueblo.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo inicia las actuaciones oportunas con los organismos administrativos competentes, quedando a la espera de recibir el informe que dichos organismos puedan remitir, que una vez estudiandos, nos comunicarán, así como las acciones concretas que procedan.

CIVIS sigue sumando para establecer un VillaVerde Excelente, para lograr el REEQUILIBRIO TERRITORIAL respecto a Madrid y a la COHESIÓN SOCIAL, pilares de nuestro existir.

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EL IRIS CONTESTA A LAS PETICIONES DE DATOS DE REALOJAMIENTO EN VILLAVERDE PRESENTADAS POR UN MIEMBRO DE CIVIS

Octubre de 2005

Aunque ya sabemos que el IRIS ha realojado durante su historia en el distrito de VillaVerde a 96 familias y a 1.514 en el resto de la Comunidad de Madrid, por lo que el número de familias realojadas en el distrito de VillaVerde es dos veces superior a la media de la Comunidad de Madrid, seguimos tratando de obtener los datos de realojamientos segregados por distritos y municipios de forma oficial. Y se nos siguen negando.

Primero se solicitaron al IRIS, la EMVS y al IVIMA, de los cuáles sólo el primero respondió a la solicitud indicando que los datos podían obtenerse de los Informes Anuales de Gestión existentes en el Centro de Documentación de los Servicios Sociales de la CAM...

Se visitó dicho Centro y se comprobó que no existían los últimos Informes de Gestión, por no haber sido recibidos, y que en los existentes no figuraban los datos solicitados.

Se volvieron a reclamar dichos datos, y ahora, en un nuevo giro estrambótico a esta situación de ocultación de documentación pública, el IRIS responde con la carta que podéis descargaros arriba.

Es decir, que según la Ley 30/92 tenemos derecho a acceso a la información solicitada, pero no se concede ese acceso porque, alegan, no está acreditado el interés legítimo sobre esa información. Lo grave es que son ellos mismos los que están acreditando ese interés cuando su correspondencia es remitida a un domicilio que pertenece al distrito de VillaVerde y dirigida a unos ciudadanos empadronados en el mismo. No hay mayor interés legítimo en las actuaciones que se puedan llevar en un distrito que ser residentes en el mismo.

Esta situación está pasando de ser una vulneración administrativa de los derechos de los ciudadanos establecidos en el ordenamiento jurídico español, en especial la Ley 30/92, a constituir posibles delitos de falta a la verdad y ocultación de documentación pública debidamente tipificados en el Código Penal, Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre.

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